El Gobierno sigue perfilando la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que permitirá a los comunidades de vecinos vetar los pisos turísticos y, por consiguiente, frenar la expansión de estos alojamientos en todo el país. Uno de los cambios que va a introducir es que los nuevos pisos necesitarán la aprobación expresa de la comunidad de vecinos, un permiso que sólo se podrá obtener con la autorización de las tres quintas partes de los propietarios.

En el caso de que la vivienda esté operando sin permiso o no esté registrada, tendrá que dejar de hacerlo. "Lo que queremos es que sea necesario la autorización de los vecinos, con unas mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", ha adelantado el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Este cambio se articulará a través de una enmienda registrada por el PSOE a la Ley de Servicio público de Justicia que se aprobará próximamente y que repercutirá en la mencionada Ley de Propiedad Horizontal. La enmienda no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los pisos que ya estén en funcionamiento.

El objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es que esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal pueda regular los pisos turísticos como una actividad económica más, y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA.

Uno de los argumentos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para limitar este tipo de alojamientos en las comunidades de vecinos ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En concreto, se ha referido a dos sentencias publicadas por el alto tribunal a finales de 2023 sobre sendos vecindarios de Oviedo y San Sebastián, en las que se concluyó que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica y dio la razón a dos comunidades de propietarios, que pedían el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.

Plataforma de registro único

En paralelo a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, el Gobierno trabaja para poner en marcha una plataforma de registro único por el que se regulará el intercambio de datos relacionados con el servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos. Se incluirán todas las viviendas amuebladas que se alquilen por un periodo inferior a 12 meses a través de una plataforma online, como Airbnb o cualquier inmobiliaria.

"El fenómeno de los pisos turísticos está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", denunciada hace tan solo unos días la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.